Agradezco la
invitación del Foro de Salud de Carta Abierta para participar en este debate. La Ley
es una fuente de desafíos, como convocante y
penetrantemente plantea la propia invitación del Foro, con sus agudas
preguntas
1.- El
primer desafío que voy a subrayar es que la ley
en su etapa de organización nos desafía a todos. Aún a los que
estamos de acuerdo con los valores, las
categorizaciones, las estrategias y los
dispositivos de Salud Mental que contiene la Ley. Porque estábamos
acostumbrados a que lo nuestro era lo alternativo, lo que planteábamos como
opción. Para la que buscábamos masa crítica de apoyo, experiencias concretas
que fueran ejemplares de buenas prácticas… Y ahora pasa que con la ley se dio
vuelta el asunto: lo que nosotros planteábamos es lo legal y lo que se hace
habitualmente es lo que no tendría que
ser. Ahora, los que tienen que dar
explicaciones son los que no cumplen la ley, son los que no saben o no
pueden cumplir la ley. Lo que es un
problema bastante interesante desde el
punto de vista de la perspectiva heredada de la manera de lucha y de la
búsqueda de apoyo político y convocatoria política para los ejes de
Salud Mental.
2.- En la
historia de la salud mental, que comienza a mediados del siglo pasado hay
muchos hitos interesantes. Como tenemos que hacer una introducción breve no voy
a pasar por todos ellos; solamente me voy a referir a dos o tres
características nuestras, de la Argentina.
Los
primeros movimientos importantes en el Campo
de la Salud Mental en la Argentina se dieron en la década del 50, después de la
caída del segundo gobierno de Perón, época
en la que dieron una gran cantidad de desarrollos culturales, académicos y
científicos. Entre otros se crearon el CONICET, la carrera de Psicología, y la
editorial EUDEBA… En ese momento se crea el Instituto Nacional de Salud Mental, por idea de 3
jóvenes psiquiatras, dos de ellos psicoanalistas. Eran Raúl Usandivaras,
Mauricio Goldenberg y Jorge García Badaracco. Los 3 retornando al país después de estar afuera y arman el Instituto en semejanza con lo que era el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU. El Instituto
argentino se configuró como Instituto autárquico, con los fondos que se le
derivaban de la Lotería Nacional. El objetivo del Instituto era la transformación total de las políticas
públicas y las prácticas de salud mental. Cabe subrayar que los tres eran los
gestores del Instituto en una Planificación avalada y sostenida por el
Ministerio de Salud de la Nación para varias transformaciones que eran claves.
Una vez que
estuvo armado el Instituto y habiendo cambiado las autoridades políticas del
Ministerio, la vieja guardia psiquiátrica se quedó con el Instituto, arrasó con
sus objetivos, construyó nuevos manicomios y no hizo nada en los hospitales
generales ni en los servicios en
territorio. Aunque nunca consiguió que el Instituto le financiara nada, el que
logró abrir un Servicio en Hospital General fue Mauricio Goldenberg, que creó y
desarrolló el Servicio de Psicopatología
– así se denominaba en la época para diferenciarlos de los servicios de
psiquiatría [1]- en el Policlínico
de Lanús [2] . Curiosamente,
aunque el Instituto no lo apoyaba, sí lo hacía el Ministerio de Salud de la
Nación, de quien dependía el Hospital en
esa época. En los 60, Goldenberg, esta vez como asesor de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, organiza en los
hospitales generales de la ciudad los Servicios de Salud Mental y los dos
primeros Centros vecinales de Salud Mental. Lo que quiero subrayar es que esos
emprendimientos, aunque parciales, eran políticas públicas.
Después de
eso, el silencio. Varias gestiones de gobierno, hasta llegar al terrorismo de
estado.
En el
recomienzo de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, Salud Mental se planteó
desde el Ministerio de Salud de la Nación como una política prioritaria en
relación a los efectos del genocidio: no solamente el efecto directo sobre la
victimas y todo el tejido social, sino también por el arrasamiento institucional que se había hecho
de gran cantidad de prácticas interesantes y progresistas.
La diferencia entre los dos momentos es que en
aquellas primeras épocas, los 50-60, los desarrollos estaban planteados desde
líderes que piloteaban experiencias de “psicopatología
y salud mental”, centradas y sostenidas en
su acción, en su liderazgo y en lo que
ellos movilizaban.
En el
gobierno de Alfonsín lo que planteamos fue una acción conjunta entre
las provincias y la Dirección Nacional.
Un trabajo compartido, un trabajo en equipo donde no importaban tanto los
liderazgos sino que se hablaba de coordinaciones. En acción coordinada y en
integración de todas las provincias, se trataba de que cada una de las
direcciones provinciales – las que existían desde antes y las que se crearon en
esos años - trabajaran en coincidencias programáticas y en conjunto con los
agentes de las provincias con las que se podían hacer los cambios.
Ya no era tanto
la cuestión de los liderazgos sino el sustento en los trabajos en equipo, más
congruentes con la planificación estratégica, con la doctrina de la acción y el
trabajo en comunidad y con la imprescindible integración de profesionales de
diferentes disciplinas. Los trabajadores de salud y sobre todo los grupos de
las zonas o territorios en los cuales trabaje la gente de salud mental, tienen
que integrarse necesariamente con las comunidades.
En ese
sentido la presencia de líderes puede perturbar si funcionan como tales
excesivamente y no son líderes en el sentido más organizador, de dar sustrato
estratégico a lo que se necesita desarrollar.
3.- A
principios del siglo XXI, después del arrasamiento de los ‘90 y de la crisis
del 2000/1, en el 2003 el Gobierno
comenzó a producir condiciones para ir recuperando el rol del estado,
estrategias más autónomas y efectivas en importantes aspectos. No así en salud.
Por eso se entiende que, por movimientos estratégicos de actores sociales, el
relanzamiento de Salud Mental provino del Poder Legislativo, de organismos de
justicia, sustentado en grupos defensores de derechos humanos y en grupos de
usuarios, familiares y de asociaciones
profesionales vinculadas a técnicos de ese campo. Además, ahora se creó la Dirección
de Salud Mental con adicciones, un acto
fundacional que tuvo que ver con la gestación de la ley misma.
La ley se
gestó trabajando con todas las provincias en un proceso largo y con reuniones
múltiples. No tuvo la discusión y el trabajo que tuvo la ley de medios pero tuvo un trabajo
parecido, se llegó a un armado de la ley valioso y compartido. Las corporaciones, por
supuesto las de los psiquiatras, se quejaron de que no se los invitó. Lo que no
es cierto: no fueron invitados como actores principales del convite, fueron
invitados como todos los que tenían que ver con el proceso de formación de la
ley y esto es lo que ellos no aceptaban, esa paridad con las otras disciplinas,
con las otras organizaciones sociales y con los organismos de derechos humanos
y las organizaciones de usuarios y de familiares.
Así aparece
la ley en el 2010. Ley de “orden público” que es de aplicación inmediata en
todas las provincias. Este es otro gran
desafío: por ley quedan delimitadas, fundamentadas, sostenidas, delineadas las
políticas nacionales de salud mental que ya no son solamente una propuesta
política, sino que tiene el peso normativo de una ley. Claro que el gran tema es como trabajar en la puesta en
funcionamiento de la ley, para que la ley pueda hacerse vigente en la práctica
y no corra peligro de diluirse por inacción.
Entre la
ley y la reglamentación de la ley pasó bastante tiempo. Hubo cantidad de inconvenientes - entre ellos, un intento
de “manijazo” de las corporaciones
psiquiátrico - académicas y un intento de que saliera como reglamentación la
que constaba en una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina,
que llegó a circular como borrador de reglamentación cuando ya la
reglamentación de la Dirección Nacional de SM y Adicciones - trabajada con
todas las provincias y con los distintos equipos interdisciplinarios - había
sido llevada a Presidencia para que fuera firmado el Decreto reglamentario.
Se discutía
si la ley estaba o no vigente, entre el Ministerio, la defensoría y la justicia
civil, entre quienes sostenían su vigencia a partir de su promulgación y
quienes supeditaban la vigencia a la existencia o no de la reglamentación. Ahora
con la reglamentación ya se terminaron
las discusiones y el Decreto Reglamentario define, agregando los
contenidos que resultaban necesarios.
4.- Otro
desafío importante es que las gestiones para cumplir la Ley no son ya tarea de
un solo ministerio. Deben ser encaradas por funcionarios de 11 sectores del Poder
Ejecutivo, por el Poder Judicial con preponderancia de la Defensoría General de
la Nación. Más la intervención de usuarios, familiares, profesionales y
organismos de derechos humanos. Queda constituida una Comisión Nacional sobre Discapacidad, Salud Mental
y Adicciones, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete. Todas las provincias que tienen que hacer una estructura
similar, intersectorial con responsabilidades del poder ejecutivo, justicia,
organismos de derechos humanos y organizaciones de pacientes y familiares.
Quiero aún
marcar algunas cuestiones fundamentales de la Ley.
5.- En el capítulo 3ero de la ley, se reconoce
a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos,
socioeconómicos, judiciales, biológicos y sicológicos. Cuya preservación y
mejoramiento implican una dinámica de construcción social vinculada a los
derechos humanos y sociales de la persona. Se habla de los ingredientes que hay que tomar en cuenta con relación a los que se consideran y se
reconocen como tales en el campo de la salud mental.
En cuanto a
la salud mental misma, se la considera como un proceso complejo. En la ley no
se habla en ningún momento de enfermedades mentales, se habla de padecimientos
y sufrimientos y se sostiene la complejidad de la existencia humana, tanto en
el proceso de preservación y sostenimiento
personal, de ser ciudadano y sobrevivir en la vida, donde la existencia de
síntomas o la existencia de algún tipo de manifestación clasificable por alguna de las taxonomías que hay en
existencia, no significa pérdida de salud mental. Porque los valores de la
salud mental están en la construcción solidaria, responsabilizándose de lo que pasa con uno mismo y con los demás. Esto está en la ley y esto
tiene que ser congruente con lo que se
trabaja para que la ley se vaya produciendo, se vaya revisando y vaya
avanzando.
6.- En todo
lo recién planteado hay cantidad de desafíos. Porque la “enfermedad mental” es un valor dentro de la
cultura. Las mayores organizaciones e
instituciones vinculadas a estos temas están armadas en relación a la
noción de enfermedad mental y deterioro
psíquico.
La tutela
jurídica, el castigo, el destierro, el asilamiento, la pérdida de derechos, el
trato de estas personas con padecimientos como seres no humanos, tienen que ver
con la noción de enfermedad mental. La historia de la noción de enfermedad mental en el mundo occidental es la historia de la
ubicación de todos los problemas a los que la sociedad no daba respuesta y,
fundamentalmente a partir de la industrialización, de la caída de la
posibilidad de tener trabajo, de la pérdida de su trabajo: la gente enloquecía,
molestaba, y los manicomios se convirtieron en los recipientes para todas las
problemáticas sociales que no tenían solución, donde entran una cantidad de
problemáticas que no son “mentales” sino que son de inclusión social, desamparo
y marginación.
Cuando
hablamos de desinstitucionalización en salud mental, hablamos de de-construir
todas esas instituciones montadas en
relación con esas concepciones. Mientras se van construyendo las otras. Son desafíos fundamentales, porque implican todas
las instituciones del imaginario social y también a las institucionalizaciones mentales
de los trabajadores de la salud.
El modelo
de la atención individual, el modelo de la atención del otro como el “pacientito”,
el modelo de la atención en serie, donde las personas que llegan a una boca de
asistencia que no les sirve para lo que les hace falta, les proponen lo que el
asistidor tiene para ofrecer, y si no lo
aceptan descalifican la demanda. Cuando la ley
de salud mental plantea que todas las personas son ciudadanos con
derechos básicos, humanos, civiles y sociales. Que cada uno tiene su
historia, que no pueden ser clasificadas
con el diagnóstico de una tabla, sino que tiene que tener en su descripción lo
que padece y por qué padece, una descripción amplia de sus vidas y de su
existencia.
De la misma
manera con los “drogadictos”. Que con la ley dejan de ser personas clasificadas por su
adicción, y tienen que ser personas
entendidas como ciudadanos de derecho pleno que, además de todas las variables que
tienen en sus vidas, toman drogas.
7.-
Terminar con el modelo de los hospitales monovalentes, que tienen siete años hasta el 2020 para desaparecer. Hay que
trabajar mucho para que esto se pueda hacer
y para generar las necesarias
transformaciones en el medio. Cuidando mucho el derecho de todas las
personas: de los que necesitan atención y de los que trabajan para darla. Que
no son solo los profesionales sino todos los trabajadores que se desempeñan en
esos hospitales. Los que, obviamente, tienen dificultad para entender que no
van a perder sus trabajos si se cambia el sistema. Aunque este es un punto que se desarrollará más adelante. Ya se termina mi tiempo para la
exposición.
[1] En otro
momento podríamos hablar de la historia de las denominaciones de los Servicios,
actualmente denominados de Salud Mental
[2] El Hospital había sido
fundado como Policlínico Evita. En la época del origen del Servicio se llamaba
Policlínico Gregorio Aráoz Alfaro. El Servicio se lo llamaba coloquialmente
como “El Lanús”l
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