jueves, 26 de septiembre de 2013

Esta fue la invitación con la que se convocó a nuestra actividad más reciente:


El Foro de Políticas Públicas de Salud del Espacio Carta Abierta

Invita a  pensar y debatir sobre

Los Desafíos de la Ley Nacional de Salud Mental


La puesta en marcha de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones plantea transformaciones profundas a todos los actores, instituciones y sectores involucrados. Están en juego derechos de todos e intereses sectoriales. Está en juego cómo se regulan, organizan y direccionan los recursos en salud: la formación y la capacitación, los presupuestos, las jurisdicciones y sectores, los trabajadores y sus prácticas. Está en juego el rol del estado. Están en juego tensiones entre estado, comunidad, trabajadores, mercado. Está en juego la sustitución de un modelo obsoleto por otro que habrá que construir. Y un desafío: a pesar de los grandes avances del proyecto popular, el mercado sigue siendo el gran distribuidor del derecho a la salud. La reciente reglamentación de la ley vuelve ineludible este desafío ¿Con qué contamos para su implementación? ¿Qué transformaciones son necesarias?

Abrimos el debate partiendo de ponencias sobre algunos ejes fundamentales:

  • ·         La ley y la situación del  campo de la SM: Dr. Vicente Galli (Director de Salud Mental de Nación de 1984 a 1989 -Ex profesor de Salud Mental de la UBA)
  • ·         Una mirada desde el derecho: Mariano Laufer Cabrera (Defensoría General -de la Nación)
  • ·         Las implicancias para la formación de grado: Alicia Stolkiner-(Fac. de Psicología-UBA)
  • ·         La ley y los trabajadores: Marcelo "Nono" Frondizi (Talleres protegidos -ATE-CTA)
  • ·         La capacitación, los sujetos y sus prácticas: Mario Woronowski (Capacitación programa PREA- Htal. Esteves)
  • ·         La planificación estratégica en la transformación: Dr. Mario Róvere (Decano Dpto. Cs de la Salud -UNLM)

Comenta: Ricardo Forster (Filósofo- Miembro de Carta Abierta)

Organiza: Foro de Políticas Públicas de Salud – Espacio Carta Abierta

Viernes 16 de agosto – 18 a 21 hs


Auditorio J.L. Borges – Biblioteca Nacional                                                                 

Sobre el debate final

Lamentablemente una gran parte de los comentarios y preguntas de los asistentes no pudieron registrarse por problemas de audio. Ante ese contratiempo, optamos por no hacer una inclusión parcial, que hubiese resultado arbitraria

Aldo Melillo: Presentación

   
  

   Buenas noches, esta es la segunda reunión sobre salud mental que organiza el Foro de Salud de Carta Abierta en esta sala. Lo que motivó esta reunión es la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que le  ha dado  a la misma mayores posibilidades para  que comience a cumplirse.
 En la mesa van a participar a mi derecha: el  Dr. Vicente Galli , que ha sido Director  de Salud Mental desde 1984 a 1989, el Dr. Mariano Laufer,   de la Defensoría Gral.  De la Nación y Mario Woronowski, coordinador del equipo de Capacitación del Programa PREA e integrante del Foro  de Políticas  de  Salud de Carta Abierta.  A mi izquierda está Alicia Stolkiner, que es doctora de Salud Mental y Salud Pública de la UBA y doctora de Salud Comunitaria  en la Universidad  Nacional de Lanús, más a la izquierda está Marcelo Frondizi, que es secretario adjunto  de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) y que trabaja en el espacio de talleres protegidos del Borda. Falta llegar el sexto integrante que es Mario Róvere, sanitarista, actualmente  decano  del departamento de  Ciencias de la Salud  de la Universidad Nacional de la Matanza.
Nos va a faltar como comentador el  compañero  Ricardo Foster, quien se excusó con nosotros por estar fuera de Buenos Aires.

Daremos comienzo, le cedo el micrófono a Vicente Galli.

Vicente Galli

Agradezco la invitación del Foro de Salud de Carta Abierta para participar en este debate. La Ley es una fuente de desafíos, como convocante y  penetrantemente plantea la propia invitación del Foro, con sus agudas preguntas
1.- El primer desafío que voy a subrayar es que la ley  en su etapa de organización nos desafía a todos. Aún a los que estamos de acuerdo  con los valores, las categorizaciones,  las estrategias y los dispositivos de Salud Mental que contiene la Ley. Porque estábamos acostumbrados a que lo nuestro era lo alternativo, lo que planteábamos como opción. Para la que buscábamos masa crítica de apoyo, experiencias concretas que fueran ejemplares de buenas prácticas… Y ahora pasa que con la ley se dio vuelta el asunto: lo que nosotros planteábamos es lo legal y lo que se hace habitualmente es lo que no tendría  que ser. Ahora, los que tienen que dar  explicaciones son los que no cumplen la ley, son los que no saben o no pueden cumplir la ley.  Lo que es un problema bastante interesante desde  el punto de vista de la perspectiva heredada de la manera de lucha y de la búsqueda de  apoyo político  y convocatoria política para los ejes de Salud Mental.
2.- En la historia de la salud mental, que comienza a mediados del siglo pasado hay muchos hitos interesantes. Como tenemos que hacer una introducción breve no voy a pasar por todos ellos; solamente me voy a referir a dos o tres características  nuestras, de la Argentina.
Los primeros movimientos importantes  en el Campo de la Salud Mental en la Argentina se dieron en la década del 50, después de la caída del  segundo gobierno de Perón, época en la que dieron una gran cantidad de desarrollos culturales, académicos y científicos. Entre otros se crearon el CONICET, la carrera de Psicología, y la editorial EUDEBA… En ese momento se crea el Instituto  Nacional de Salud Mental, por idea de 3 jóvenes psiquiatras, dos de ellos psicoanalistas. Eran Raúl Usandivaras, Mauricio Goldenberg y Jorge García Badaracco. Los 3 retornando al país después de  estar afuera y arman el Instituto  en semejanza con lo que era el Instituto  Nacional de Salud Mental de EEUU. El Instituto argentino se configuró como Instituto autárquico, con los fondos que se le derivaban de la Lotería Nacional. El objetivo del Instituto  era la transformación total de las políticas públicas y las prácticas de salud mental. Cabe subrayar que los tres eran los gestores del Instituto en una Planificación avalada y sostenida por el Ministerio de Salud de la Nación para varias transformaciones que eran claves.
Una vez que estuvo armado el Instituto y habiendo cambiado las autoridades políticas del Ministerio, la vieja guardia psiquiátrica se quedó con el Instituto, arrasó con sus objetivos, construyó nuevos manicomios y no hizo nada en los hospitales generales ni en  los servicios en territorio. Aunque nunca consiguió que el Instituto le financiara nada, el que logró abrir un Servicio en Hospital General fue Mauricio Goldenberg, que creó y desarrolló  el Servicio de Psicopatología – así se denominaba en la época para diferenciarlos de los servicios de psiquiatría [1]- en el Policlínico de Lanús [2] . Curiosamente, aunque el Instituto no lo apoyaba, sí lo hacía el Ministerio de Salud de la Nación,  de quien dependía el Hospital en esa época. En los 60, Goldenberg, esta vez como asesor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, organiza  en los hospitales generales de la ciudad los Servicios de Salud Mental y los dos primeros Centros vecinales de Salud Mental. Lo que quiero subrayar es que esos emprendimientos, aunque parciales, eran políticas públicas.
Después de eso, el silencio. Varias gestiones de gobierno, hasta llegar al terrorismo de estado.
En el recomienzo de la democracia, en el gobierno de Alfonsín, Salud Mental se planteó desde el Ministerio de Salud de la Nación como una política prioritaria en relación a los efectos del genocidio: no solamente el efecto directo sobre la victimas y todo el tejido social, sino también por el  arrasamiento institucional que se había hecho de gran cantidad de prácticas interesantes y progresistas.
La  diferencia entre los dos momentos es que en aquellas primeras épocas, los 50-60, los desarrollos estaban planteados desde líderes que piloteaban experiencias  de “psicopatología y salud mental”, centradas  y sostenidas en su acción,  en su liderazgo y en lo que ellos movilizaban.
En el gobierno de Alfonsín lo que planteamos fue una acción conjunta  entre  las provincias  y la Dirección Nacional. Un trabajo compartido, un trabajo en equipo donde no importaban tanto los liderazgos sino que se hablaba de coordinaciones. En acción coordinada y en integración de todas las provincias, se trataba de que cada una de las direcciones provinciales – las que existían desde antes y las que se crearon en esos años - trabajaran en coincidencias programáticas y en conjunto con los agentes de las provincias con las que se podían hacer los cambios.
Ya no era tanto la cuestión de los liderazgos sino el sustento en los trabajos en equipo, más congruentes con la planificación estratégica, con la doctrina de la acción y el trabajo en comunidad y con la imprescindible integración de profesionales de diferentes disciplinas. Los trabajadores de salud y sobre todo los grupos de las zonas o territorios en los cuales trabaje la gente de salud mental, tienen que integrarse necesariamente con las comunidades.
En ese sentido la presencia de líderes puede perturbar si funcionan como tales excesivamente y no son líderes en el sentido más organizador, de dar sustrato estratégico a lo que se necesita  desarrollar.
3.- A principios del siglo XXI, después del arrasamiento de los ‘90 y de la crisis del 2000/1, en el 2003 el Gobierno  comenzó a producir condiciones para ir recuperando el rol del estado, estrategias más autónomas y efectivas en importantes aspectos. No así en salud. Por eso se entiende que, por movimientos estratégicos de actores sociales, el relanzamiento de Salud Mental provino del Poder Legislativo, de organismos de justicia, sustentado en grupos defensores de derechos humanos y en grupos de usuarios, familiares y  de asociaciones profesionales vinculadas a técnicos de ese campo. Además, ahora se creó la Dirección de Salud Mental con adicciones,  un acto fundacional que tuvo que ver con la gestación de la ley misma.
La ley se gestó trabajando con todas las provincias en un proceso largo y con reuniones múltiples. No tuvo la discusión y el trabajo que tuvo  la ley de medios pero tuvo un trabajo parecido, se llegó a un armado de la ley  valioso y compartido. Las corporaciones, por supuesto las de los psiquiatras, se quejaron de que no se los invitó. Lo que no es cierto: no fueron invitados como actores principales del convite, fueron invitados como todos los que tenían que ver con el proceso de formación de la ley y esto es lo que ellos no aceptaban, esa paridad con las otras disciplinas, con las otras organizaciones sociales y con los organismos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios y de familiares.
Así aparece la ley en el 2010. Ley de “orden público” que es de aplicación inmediata en todas las provincias.  Este es otro gran desafío: por ley quedan delimitadas, fundamentadas, sostenidas, delineadas las políticas nacionales de salud mental que ya no son solamente una propuesta política, sino que tiene el peso normativo de una ley. Claro que  el gran tema es como trabajar en la puesta en funcionamiento de la ley, para que la ley pueda hacerse vigente en la práctica y no corra peligro de diluirse por inacción.
Entre la ley y la reglamentación de la ley pasó bastante tiempo. Hubo cantidad  de inconvenientes - entre ellos, un intento de “manijazo” de las  corporaciones psiquiátrico - académicas y un intento de que saliera como reglamentación la que constaba en una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, que llegó a circular como borrador de reglamentación cuando ya la reglamentación de la Dirección Nacional de SM y Adicciones - trabajada con todas las provincias y con los distintos equipos interdisciplinarios - había sido llevada a Presidencia para que fuera firmado el Decreto reglamentario.
Se discutía si la ley estaba o no vigente, entre el Ministerio, la defensoría y la justicia civil, entre quienes sostenían su vigencia a partir de su promulgación y quienes supeditaban la vigencia a la existencia o no de la reglamentación. Ahora con la reglamentación ya se terminaron  las discusiones y el Decreto Reglamentario define, agregando los contenidos que resultaban necesarios.
4.- Otro desafío importante es que las gestiones para cumplir la Ley no son ya tarea de un solo ministerio. Deben ser encaradas por funcionarios de 11 sectores del Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial con preponderancia de la Defensoría General de la Nación. Más la intervención de usuarios, familiares, profesionales y organismos de derechos humanos. Queda constituida una  Comisión Nacional sobre Discapacidad, Salud Mental y Adicciones, en el ámbito  de la Jefatura de Gabinete. Todas las provincias que tienen que hacer una estructura similar, intersectorial con responsabilidades del poder ejecutivo, justicia, organismos de derechos humanos y organizaciones de pacientes y familiares.
Quiero aún marcar algunas cuestiones fundamentales de la Ley.
 5.- En el capítulo 3ero de la ley, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, judiciales, biológicos y sicológicos. Cuya preservación y mejoramiento implican una dinámica de construcción social vinculada a los derechos humanos y sociales de la persona.  Se habla de los  ingredientes que hay que tomar en cuenta  con relación a los que se consideran y se reconocen como tales en el campo de la salud mental.
En cuanto a la salud mental misma, se la considera como un proceso complejo. En la ley no se habla en ningún momento de enfermedades mentales, se habla de padecimientos y sufrimientos y se sostiene la complejidad de la existencia humana, tanto en el proceso  de preservación y sostenimiento personal, de ser ciudadano y sobrevivir en la vida, donde la existencia de síntomas o la existencia de algún tipo de manifestación clasificable  por alguna de las taxonomías que hay en existencia, no significa pérdida de salud mental. Porque los valores de la salud mental están en la construcción solidaria, responsabilizándose   de lo que pasa con uno mismo  y con los demás. Esto está en la ley y esto tiene que ser congruente  con lo que se trabaja para que la ley se vaya produciendo, se vaya revisando y vaya avanzando.
6.- En todo lo recién planteado hay cantidad de desafíos. Porque la  “enfermedad mental” es un valor dentro de la cultura. Las mayores organizaciones e  instituciones vinculadas a estos temas están armadas en relación a la noción de enfermedad mental  y deterioro psíquico.
La tutela jurídica, el castigo, el destierro, el asilamiento, la pérdida de derechos, el trato de estas personas con padecimientos como seres no humanos, tienen que ver con la noción de enfermedad mental. La historia de la  noción de enfermedad mental  en el mundo occidental es la historia de la ubicación de todos los problemas a los que la sociedad no daba respuesta y, fundamentalmente a partir de la industrialización, de la caída de la posibilidad de tener trabajo, de la pérdida de su trabajo: la gente enloquecía, molestaba, y los manicomios se convirtieron en los recipientes para todas las problemáticas sociales que no tenían solución, donde entran una cantidad de problemáticas que no son “mentales” sino que son de inclusión social, desamparo y marginación.
Cuando hablamos de desinstitucionalización en salud mental, hablamos de de-construir todas esas instituciones montadas  en relación con esas concepciones. Mientras se van construyendo las otras. Son  desafíos fundamentales, porque implican todas las instituciones del imaginario social y también a las institucionalizaciones mentales de los trabajadores de la salud.
El modelo de la atención individual, el modelo de la atención del otro como el “pacientito”, el modelo de la atención en serie, donde las personas que llegan a una boca de asistencia que no les sirve para lo que les hace falta, les proponen lo que el asistidor  tiene para ofrecer, y si no lo aceptan descalifican la demanda. Cuando la ley  de salud mental  plantea  que todas las personas son ciudadanos con derechos básicos, humanos, civiles y sociales. Que cada uno tiene su historia,  que no pueden ser clasificadas con el diagnóstico de una tabla, sino que tiene que tener en su descripción lo que padece y por qué padece, una descripción amplia de sus vidas y de su existencia.
De la misma manera con los “drogadictos”. Que con la ley  dejan de ser personas clasificadas por su adicción,  y tienen que ser personas entendidas como ciudadanos de derecho pleno que, además de todas las variables que tienen en sus vidas, toman drogas.
7.- Terminar con el modelo de los hospitales monovalentes, que tienen siete  años hasta el 2020 para desaparecer. Hay que trabajar mucho para que esto se pueda hacer  y para generar las necesarias  transformaciones en el medio. Cuidando mucho el derecho de todas las personas: de los que necesitan atención y de los que trabajan para darla. Que no son solo los profesionales sino todos los trabajadores que se desempeñan en esos hospitales. Los que, obviamente, tienen dificultad para entender que no van a perder sus trabajos si se cambia el sistema. Aunque  este es un punto que se desarrollará más  adelante. Ya se termina mi tiempo para la exposición.



[1] En otro momento podríamos hablar de la historia de las denominaciones de los Servicios, actualmente denominados de Salud Mental
[2]  El Hospital había sido fundado como Policlínico Evita. En la época del origen del Servicio se llamaba Policlínico Gregorio Aráoz Alfaro. El Servicio se lo llamaba coloquialmente como “El Lanús”l 

Mariano Laufer Cabrera

Buenas tardes: gracias al espacio Carta Abierta por la invitación, en nombre de la Defensoría General de la Nación, desde la cual una experiencia  concreta, un ejemplo de aplicación de la ley 26.657, que se viene haciendo desde su sanción y desde la vigencia del artículo 22, es la creación de la Unidad de Letrados de Salud Mental, que se dedica a defender a personas internadas involuntariamente en la ciudad de Buenos Aires, y que en el lapso de dos años de trabajo ha defendido e intervenido con 4.500 personas, lo cual nos da una foto de que la internación sigue siendo la principal política de salud mental de esta ciudad.
Quería reconocer antes de empezar, a propósito de lo que planteaba Vicente Galli, que debemos tener en cuenta que si hoy estamos debatiendo esto,  la plena implementación de esta ley, es porque esta norma no ha sido una concesión graciable del Estado o del sistema de las corporaciones: ha sido un trabajo colectivo que se ha discutido durante cuatro años con muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, y que en su momento abordaron diputados y equipos de trabajo que lograron la sanción de la ley.
Pienso ahora concretamente en lo que nos planteaba Mario Woronowski al citarnos, para abordar algunos desafíos para la implementación de la ley, y ahora más concretamente con el decreto reglamentario, que es el que en especial fija cuales deben ser las políticas de los distintos poderes del Estado, en cada jurisdicción.
Quisiera entonces mencionar 5 ó 6 aspectos que me parecen relevantes para tener en cuenta desde el derecho, pensando en el sistema judicial, y en cual debería ser su respuesta para aplicar esta ley.
El primero es entender qué tipo de norma es, de qué tipo de ley se trata, si se trata de una norma sanitaria más, o es algo más que eso. Nosotros sostenemos que es una norma de derechos humanos, más allá de que trata un tema sanitario. Eso tiene una implicancia particular, y de hecho varios artículos se refieren a derechos humanos concretos de personas en relación al sistema de salud mental, y de personas internadas especialmente.
Esto nos da una idea de cuál es el perfil de esta norma, que a su vez establece lo que se conoce con el nombre de “piso mínimo” de derechos para todas las provincias. Es decir: antes de esta ley nacional había jurisdicciones que tenían su propia ley de salud mental, y a su vez hay otras provincias que pueden sancionar sus propias leyes; sin embargo esta Ley Nacional garantiza que todo ciudadano argentino debería gozar al menos de los derechos y garantías que esta ley prevé.
También, como adelantaba Vicente Galli, se trata de una ley de orden público, lo que significa que no se requiere ninguna adhesión específica de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires para que se cumpla. Es de aplicación inmediata e imperativa, eso significa de orden público.
A la vez se trata de una norma que reglamenta el derecho internacional de los derechos humanos, es decir que viene derivada de lo que se conoce en derecho como bloque de constitucionalidad federal, de ahí deriva su jerarquía y ubica a esta ley por sobre otras, como por ejemplo la ley de ejercicio profesional de la medicina, o un código procesal.
A su vez, también se trata de una ley que da cumplimiento a tres fallos de la Corte. Esta ley representa la doctrina de tres fallos importantes de la Corte Argentina, el primero del 2005, que luego mencionaré.
Y por último, esta ley trata en buena parte de sus artículos sobre cómo se debe a llevar a cabo una internación involuntaria, que es una privación de libertad, de acuerdo al sistema jurídico argentino. Por lo cual, en la República Argentina, solamente el Congreso Nacional legisla sobre la privación de libertad, y no las provincias. Esto también nos da una idea clara de porqué es una ley federal, que se aplica en todas las jurisdicciones.
Si uno tiene en cuenta todas estas variables, se entiende que esta es una ley de aplicabilidad federal inmediata, que no requiere ni siquiera su reglamentación en muchos de sus campos. Una ley de reforma, que por eso genera resistencia en algunos sectores.
El segundo desafío que me interesa comentar hoy es que tenemos que pensar cual es el rol que uno debería esperar del poder judicial, de qué manera están los jueces llamados a intervenir en estos casos.
Una de las cuestiones que hay que pensar es que los jueces deberían estar aplicando la doctrina de la Corte: el fallo que Uds. deben haber escuchado, “Tufano” del 2005, fija la doctrina aplicable para los jueces, indicándose que cuando intervengan en temas de salud mental, cuando intervengan  en internaciones, tienen que aplicar un control activo, inmediato, periódico. Estos tres conceptos trastocan la forma tradicional de actuar de un poder judicial civil, que en algunas jurisdicciones, ha sido muchas veces pasivo.
Si uno piensa en la justicia civil, generalmente se organiza por lo que se conoce como principio dispositivo. Quiere decir que se resuelve a pedido de parte, no tiene en general accionar de oficio, no se impulsa per se. La Corte lo que ha dicho es que los jueces, en estos casos, tienen que tener una actitud mucho más activa.
Otra de las cuestiones que esta ley aclara a la justicia es que una internación involuntaria, tiene que ser tratada como una privación de libertad. Esto no es un mote peyorativo para el área de salud; se trata simplemente de encausar esto de acuerdo a lo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece, en el sentido de rodear a esta situación con las mayores garantías posibles, y esto por cuanto una internación, a la vez que está protegiendo un derecho humano básico como es la salud, si se está llevando a cabo bien, al mismo tiempo está restringiendo otro derecho humano básico como es la libertad personal. Esto exige de los jueces y del sistema judicial una atención particular, esforzada.
Otra cuestión que la ley aclara, en relación al poder judicial, es que los jueces ya no pueden decidir por sí internaciones (salvo una excepción muy puntual). Esta ley ha decidido dejar en manos de equipos de salud, es decir, del sector que más preparado está para tomar esa decisión interdisciplinaria, ha sanitarizado la internación, y entonces el poder judicial deberá ubicarse en el lugar del contralor legal inmediato posterior a esa decisión.
Por último, con relación al poder judicial, esta ley también implica trabajar interdisciplinariamente. Antes era frecuente ver que los jueces decidieran basándose en dictámenes escuetos del Cuerpo Médico Forense donde a veces tres psiquiatras en una carilla decidían sobre el destino de una persona; esto claramente entra en crisis con esta ley y es lo que debería cambiar.
Les doy algunos ejemplos de cómo el poder judicial en algunos casos no ha entendido este cambio de rol: cuando uno como defensa le pide que haga intimaciones concretas al Gobierno de la Ciudad para que cumpla determinadas cuestiones, brinde acompañamiento terapéutico o habilite determinados dispositivos, a veces se encuentra con una actitud muy pasiva de algunos juzgados, que no están acostumbrados a exigir políticas concretas a los poderes ejecutivos.
Otro ejemplo de no entendimiento judicial es cuando se fijan audiencias para decidir sobre la vida de la persona y ni siquiera se piensa en si esa persona puede participar de esa audiencia: simplemente se cita a los profesionales tratantes o autoridades de la institución de internación, que deciden por esa persona.
Otro caso se ha dado cuando algún juez ha exigido para una evaluación interdisciplinaria que haya siempre un psiquiatra, cuando la ley claramente dice que si hubiese un psicólogo, puede no haber un psiquiatra para determinado tipo de evaluaciones.
Dos ejemplos más: nosotros desde la Defensoría hemos pedido, en más de 300 casos, que los jueces tomen medidas positivas para instar a los hospitales y a las clínicas a que adopten y garanticen el derecho al voto de las personas internadas. En muchos casos hemos tenido respuestas positivas, pero otros jueces nos han dicho que eso excede lo que es un control de internación, no viendo cuales son los obstáculos de hecho, cotidianos, culturales y sistémicos, para el ejercicio de los derechos.
Por último, hace poco un juez, analizando una internación voluntaria, donde la persona estaba conforme con la internación, su equipo interdisciplinario estaba conforme, en todo se había manifestado su voluntad; el juez termina diciendo que es “irrelevante el consentimiento informado si hay patologías psiquiátricas” !! Estos son algunos ejemplos de cómo todavía cuesta cambiar, en algunos casos, dentro del sistema judicial.
Sin embargo, hay que reconocer que muchos otros jueces sí se están adaptando al nuevo paradigma de salud mental, y cumplen y hacen cumplir la Ley Nacional de Salud Mental.
¿Cual es ahora el desafío para la defensa, para los ministerios públicos de cada jurisdicción?
Tradicionalmente la defensa pública se ha manejado en estos temas con el paradigma del Código Civil, sancionado hace más de 150 años: este paradigma es el que debe abandonarse. Esta asociación entre el código civil y otras normas, como por ejemplo en algunos casos la ley del ejercicio profesional de la medicina, ha generado que se trabaje con un sistema tutelar de protección, que se sustituya a la persona en la toma de sus decisiones, que se obre siguiendo el supuesto interés general de la sociedad, que se presuma que una persona es incapaz desde que comienza un proceso judicial, y que sigamos actuando en base a un concepto del derecho romano conocido como el “buen padre de familia”.
Este modelo entra en crisis con esta Ley, y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y nos obliga a interpelarnos y a trabajar desde el respeto de la persona como  sujeto pleno de derechos, en reconocer la capacidad jurídica de las personas, en entender que las personas internadas o usuarios de servicios de salud mental puedan tomar decisiones, y tienen derecho a equivocarse también al tomar esas decisiones. Entonces, si va a actuar un funcionario en la defensa de esos casos, para garantizar su derecho a ser oído, un derecho básico de cualquier ciudadano, el único mandato que debe seguir es el de la voluntad de esa persona, porque ya va a haber otro actor, como el profesional de salud o el juez, que tendrá en cuenta otros intereses distintos o más generales.
Otro punto más que entiendo como un desafío -acá vinculado a profesionales de salud - es que hay que tener en cuenta que en el ámbito internacional, y en distintos pronunciamientos de instancias de derechos humanos, se ha establecido que algunas prácticas “sanitarias” pueden ser asimilables en determinados casos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que tradicionalmente quizás no han sido cuestionados, y que se aplican hoy en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo: internaciones involuntarias que no son comunicadas al juez, lo que se trasforma en una detención arbitraria, privación ilegal de la libertad; intento de aplicación de terapias de electroshock, también asimilados a tratos crueles; contenciones físicas sistemáticas; situaciones muy comunes en algunas clínicas privadas en la ciudad; a veces también abusos sexuales que son naturalizados o no denunciados; el uso de cuartos de aislamiento, sistema usado en el ámbito privado.
Por suerte, esta ley permite a la defensa y al poder judicial entrar en el sector privado, y controlar lo que sucede en esos lugares. Porque uno muchas veces  pone el foco sobre lo público porque es fácil entrar, pero antes de esta ley en lo privado era muy difícil observar qué sucedía, y esta ley lo permitió. Por ejemplo, se ha podido detectar también que es común en  el caso de personas con uso problemático de sustancias, el ingreso a una internación psiquiátrica, su estadía hasta que se acaba su cápita de 30 a 90 días, y luego su derivación compulsiva inmediata a una comunidad terapéutica cerrada. Este circuito es una práctica comercial habitual, que esta ley permite cuestionar y poner a la luz del juez.
Terminando, pienso también que tenemos algunos desafíos para el Estado, en el sentido de modificar algunas normativas del sistema de salud, una de ellas es el PMO (Plan Médico Obligatorio), que seguía contemplando como prestación avalada, para la cobertura de obras sociales y prepagas, al electroshock, y por otro lado, sólo cubre 30 sesiones de psicoterapia ambulatoria al año, en una incongruencia que no sería compatible con el espíritu de la ley nacional de salud mental.
Otra norma que hay que revisar es el Código Civil, y también, la ley de presupuesto anual. Por ejemplo: si uno revisa el presupuesto de salud de la ciudad de Buenos Aires , va a ver allí  que en el 2012 el 88% del presupuesto de salud mental se usó  para sostener los grandes manicomios de la ciudad, y sólo el 12% en otro tipo de dispositivos. Claramente ese reparto del dinero no tiene que ver con aplicar los recursos en la dirección que la ley dispone.
Por último, otro de los desafíos es lo que se llama el Órgano de Revisión que plantea la ley, y que debe constituirse a nivel nacional –se encuentra en etapa de formación en el ámbito de la Defensoría General de la Nación-, pero es también decisivo que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tengan su propio órgano de revisión, que será un ámbito en que se conjugará la voluntad de la sociedad civil, del Estado y de la justicia para poder exigir los cambios que la ley plantea.
Muchas gracias.



Alicia Stolkiner

(Mientras completa la corrección de la desgrabación de su ponencia, Alicia Stolkiner nos hizo llegar el Power Point que utilizó como guía para esa presentación)

https://docs.google.com/file/d/0By_JW1OkFRTMTjJxaXlWODFaS2M/edit?usp=sharing

Marcelo "Nono" Frondizi

En primer lugar, agradecerle a los compañeros que me han invitado y antes de decirles alguna cosa, quisiera hacerles una consulta:
¿Podrían levantar la mano los compañeros que son profesionales acá en la sala? ¿Compañeros que son enfermeros? ¿Compañeros de escalafón general? (se comprueba un absoluto predominio de profesionales)
Lo digo porque para mí una ley expresa relaciones de fuerza en la sociedad. A mi me encantó lo que dijo la compañera Alicia sobre la democratización, sobre todo de los que son más desprotegidos, entre ellos los pacientes, y a mí me parece que si no hay un debate profundo del significado de la ley, si ese debate no es incorporado por el conjunto - no sólo por los trabajadores de la salud  mental sino en un proceso que incluya a los ciudadanos que somos todos nosotros y por supuesto los pacientes - si eso no sucede estaremos en problemas   .
Yo lo escuchaba al Dr. Laufer y pensaba  cuantos obstáculos tenemos para poner en marcha esa ley, porque acá juegan todos, juegan los laboratorios, los profesionales que hacen una alianza con los laboratorios, los sectores mas reaccionarios de la sociedad  que estigmatizan  a los pacientes,  a veces  hay que repetir lo obvio, me parece que esto es uno de los debates troncales que nosotros tenemos que hacer.
Fíjense recién, el compañero de la Defensoría decía que la ley debía ser aplicada al toque, sin embargo la Directora  de Salud Mental de la ciudad dice que ella no la va a aplicar hasta que el gobierno de Mauricio no adhiera a la ley, fíjense como estamos nosotros. Yo me voy a referir a la ciudad de Buenos Aires que es lo que yo conozco: nosotros atravesamos desde agosto desde el 2012 al 26 de abril  un inmenso conflicto que tiene que ver con una especie de pinza,  que tenia por un lado un gran negocio inmobiliario y por otro lado el antidiscurso o el discurso anti,  del tema de la ley, y en ese atravesar a muchos trabajadores de salud mental, porque nosotros consideramos  trabajadores a todos - hay algunos que discriminan profesionales, los de escalafón gral. son distintos, pero en el hospital estamos todos - pero cuando uno habla de interdisciplina supone que va a incorporar a ese trabajador, porque el equipo interdisciplinario significa que uno necesita al otro. Entonces nosotros nos enfrentamos a esa situación muy difícil, porque había que sostener  a los pacientes, a los trabajadores, al taller protegido y cuando digo  y hablo de un negocio inmobiliario es porque la decisión del  Sr. Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no abarcaba solamente las primeras dos hectáreas . En la pagina 56 de Clarín del mes de agosto apareció lo que significaba el centro cívico: barrer todo, los pacientes no se sabe, los laburantes tampoco se sabe,  entonces a nosotros esas dos situaciones nos ponían en una situación muy difícil.
Porque Uds. saben de la feroz represión y del acto de terrorismo que fue lo que pasó en el Borda, entonces instalar el debate de la ley supone comenzar a construir una nueva subjetividad, que permita que el compañero que no se coma el discurso de que la aplicación de la ley supone  el cierre de la fuente  de trabajo; ese es un laburo que hay que construir porque las leyes se construyen, se construyen como se informó acá, pero después se construyen en la subjetividad de cada trabajador. Si no es muy difícil la transformación y la transformación sólo es posible si uno de los sujetos  fundamentales son los trabajadores, los pacientes, los familiares de los pacientes, etc. , etc.,  porque del otro lado, por lo que decía recién el compañero de Defensoría,  va a haber una serie de obstáculos y de presiones para impedir que la ley se aplique en la vida. Nosotros tenemos experiencia, me supongo que muchos son de acá de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema de la 448 que está reglamentada pero acá no la aplica ni la Titi, entonces me parece que es interesante el debate en términos de intercambio de ideas, pero la impresión que tengo, puede ser que me equivoque, es que para avanzar con la ley hay que construir poder.
Entonces yo voy a comentar, porque nosotros tenemos la impresión que después de lo del Borda y la movilización que se hizo, esa situación había producido un quiebre en la ciudad de Buenos Aires, entonces Uds., quizás pensaran “qué tendrá que ver”, pero yo me tomé el trabajo y  traje estos datos porque me parece que tiene que ver con el proceso de transformación, de involucrarse en el tema de la ley, que no solo es de los trabajadores de la salud mental sino también de los ciudadanos, por eso traje estos datos. Ej.: en la comuna 4,  que es la zona de Barracas, Parque Patricios, La Boca, en el 2004  el PRO saco 31,88 % de los votos, el FPV saco el 14,67 %; en el 2013 el PRO saco el 28% y el FVP el 24 % es decir porque eso también hay que mirarlo,  es decir que en algún aspecto, porque nosotros estamos insertos en el barrio , lo que atravesó el Borda modificó y eso es un camino abierto  para poder  empezar a discutir, para que se involucren los ciudadanos, se involucren en el proceso de cambio de los hospitales. Es un laburo, un laburo grande porque para nosotros que estamos atravesados por esta situación y que además sentimos ,  yo tengo 64 años, empecé a trabajar en el taller protegido a los 22 ,  después fui echado por la dictadura, siempre fui delegado, pero otra noche se los cuento. Entonces para nosotros este debate es muy difícil porque por un lado está el negocio inmobiliario y por otro lado están todos los que azuzan, incluso algunos compañeros que dicen ser de izquierda, que dicen que la ley es producto de los acuerdos internacionales, del Fondo Monetario,  etc., etc.
Entonces establecer el debate de que no es así, que es una ley de derechos humanos, que supone la democratización, el respeto por los ciudadanos  que tienen  problemas en el alma y que cada uno debe hacerse cargo de su tarea para mejorar su vida y avanzar en la sanación, etc., etc.,  ese es un debate profundo, no sólo es un debate académico del cual obviamente no voy a renegar, pero sí es un debate en la subjetividad de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina.
Por eso para mí, o más bien para nosotros, es un desafío porque cuando yo les pedí la gauchada de que levantaran las manos, es porque hay ausentes en este debate, y hay ausentes porque quienes representamos a esa parte de los trabajadores de la salud mental no fuimos convocados, entonces hay algo mal, no es que los trabajadores somos unos santos, hijos de puta hay en todos lados, para que nadie se confunda. ¡También eso juega en contra compañeros!  Yo tengo un gremio que es ATE, Alicia fue a dar algún curso a ATE, y ahí hay mucha discusión porque hay muchos compañeros que no están de acuerdo para nada con  esta ley de salud mental, para nada, y lo que ellos dicen: “te van a cerrar el hospital, o no nos lo cierra Macri o nos lo cierra la ley”, y obturan el debate. Por eso digo que todos nosotros, que estábamos de acuerdo con defender la ley y ponerla en práctica, y el estado que tiene que jugar un papel y etc, etc,  deberíamos ir implementando un proceso que permita desmitificar el terror que tienen los compañeros. Fíjense: yo me refiero a esto porque es lo que conozco, ahora hubo un retiro  voluntario y por 5 años esos puestos no se pueden cubrir, entonces achican, se achica el personal, se achica la atención, a los profesionales les han bajado el sueldo, a las enfermeras le han aplicado el decreto 60, es decir  que las políticas neoliberales de este Menem de ojos celestes avanzan sobre los hospitales.

La actitud de los trabajadores en general  es defender, entonces es muy difícil,  no digo imposible porque eso no es así, pero sí muy difícil meter el debate sobre el problema de la ley y eso lo digo desde una persona que está  convencida de la ley. Yo tomé el tema de problematizar la cosa, porque yo les digo: hago una asamblea en el taller, tengo un compañero que también es delegado conmigo que también defiende la ley,  y se arma un soberano quilombo , no es tan fácil, sobre todo cuando vos tenés esos miedos , esos fantasmas , esa escena temida,  y por otro lado te dicen “loco, pará de discutir, si Macri quiere cerrar todos los hospitales”, cosa que es cierta. Yo, para no aburrirlos más, creo que es necesario iniciar este debate, trabajarlo es fundamental porque nuestro sujeto principal de laburo son los pacientes, cada paciente que sale de alta es un triunfo para nosotros, aportamos para que ese ciudadano se reinserte en la sociedad. Entonces yo diría que seria bueno ver como se articulan los debates, la construcción de esa subjetividad, el tema de sacarles el miedo a muchos trabajadores que la ley supone  perder su fuente de trabajo y nosotros con muchísima humildad, y termino con esto, le estamos haciendo un homenaje a esta ley aunque muchos compañeros no lo tomen así,  que es la decisión votada por asamblea de reconstruir el dispositivo intrahospitalario del Taller 19, que es un proyecto ambulatorio donde los trabajadores estamos involucrados con los pacientes, y quizás a partir de allí podamos meter el debate de por qué los derechos de los pacientes, por qué desarrollar los dispositivos ambulatorios, el por qué la necesidad de las casas de medio camino, etc., etc.; y después potenciar los anticuerpos que se desarrollan dentro del Borda como por ejemplo La Colifata, el Frente de Artistas, el Centro Cultural, la Huerta, y además poner en discusión que eso debería ser bancado por el estado. Nada más

Mario Woronowski

Voy a hablar de una experiencia puntual que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores.
Yo soy parte de un equipo de capacitación de un programa de la provincia de Buenos Aires que se llama PREA, Programa de Rehabilitación y Externación Asistida.
Hoy no vengo a hablar del PREA, pero necesito decirles desde qué lugar voy a hablar, y para eso tengo que decir  un par de cosas sobre el PREA.
Este programa nace de la decisión de quien entonces era director del Hospital Estevez y Director de Salud Mental de la provincia, de generar un dispositivo que permitiera la recuperación del derecho a vivir en la comunidad a pacientes cronificadas durante largos años en los hospitales neuropsiquiátricos de la PBA, manicomios de dimensiones parecidas al Moyano o al Borda. En el caso del Esteves, un hospital con pacientes mujeres.
Se trató de un acto de voluntad política, fruto de la decisión de comenzar a revertir la ominosa realidad del manicomio apoyándose en los propios trabajadores del hospital público, y en el marco de las peores condiciones sociales y económicas; que culminarían en apenas dos años con el estallido de diciembre de 2001. Hablo del año ‘99, y es difícil no recordar con angustia un año en el cual el país ya se estaba cayendo a pedazos. Y hablo de la decisión de instalar en el interior del hospital neuropsiquiátrico un dispositivo pensado como progresivamente desmanicomializador, en  el contexto de una política general de salud mental que poco y nada tenía que ver con eso. Una decisión que viene de la mano de otra decisión: la de sostener el programa sobre los  propios recursos del sistema, y en primer lugar sobre la voluntad y el deseo de los propios trabajadores del hospital. Nos decía en aquel momento quien creó el programa, Carlos Linero: “No voy a pedir presupuesto ni recursos extra por dos razones: la primera es que no me lo van a dar, así que no podríamos empezar siquiera, y la otra  es porque  tenemos que demostrar  que con el presupuesto que hoy se destina a  mantener a estas personas recluidas por tiempo indeterminado en el hospital psiquiátrico, podemos sostener la rehabilitación, la asistencia y la recuperación de sus derechos”
En base a esa decisión,  este programa comienza con un solo componente externo al hospital: un dispositivo de capacitación, suerte de “motor de arranque” orientado a generar una situación en la cual los trabajadores pudieran interrogarse  sobre las condiciones de su propio trabajo, y así iniciar un proceso que juntara deseos,  voluntades e inteligencias para desnaturalizar y revertir las prácticas manicomiales y construir con los trabajadores y las pacientes los sujetos de un programa que - de lo contrario - sería simplemente un papel impreso y el número de una resolución ministerial. El programa es presentado por el Director en asamblea de trabajadores- esto es interesante por lo que decía recién Marcelo (Frondizi) – y se invita a que se incorpore cualquier trabajador del hospital que tenga la voluntad de hacerlo. Cualquiera trabajador de cualquier sector: profesionales, administrativos, de mantenimiento, limpieza, etc., con la sola condición de participar de la capacitación. Y la masa crítica fue, en abrumadora mayoría, personal de enfermería. Había compañeros de administración y de otros sectores y unos pocos, muy pocos profesionales. Tomemos nota. Se aclara también que, lejos poner en peligro la fuente de trabajo, se trata de más y mejor trabajo.
Hoy este programa es un programa exitoso, hay 70 mujeres viviendo en casas que el hospital alquila, asistidas por un equipo interdisciplinario, con una bajísima tasa de reinternaciones, y habiendo recuperando la posibilidad de armar proyectos de vida. No voy a abundar en esto, simplemente quiero decir que con recursos relativamente simples, sin haber descubierto ni la piedra de la locura ni la cura de la psicosis, este programa funciona y estas mujeres han recuperado ciudadanía, están viviendo en el seno de la comunidad y punto. Esto no sucede en Trieste, no sucede en Suiza, sucede en Temperley, sostenido por trabajadores del campo de la Salud mental de diversas especialidades y diverso grado de formación y experiencia, todos laburantes de esta Argentina y formados en esta Argentina.
Necesito contar esto para pensar el lugar que la capacitación tiene en un proceso de transformación y en este sentido quiero repensar la expresión “reconversión de recursos”. Un término del lenguaje administrativo que usábamos en aquel momento: reconvertir recursos económicos, reconvertir recursos humanos. La expresión tiene  su sentido, y también tiene su trampa. Porque resulta que “reconvertir” recursos parece casi un pase de magia, si no una cuestión meramente organizacional: un decisor político que dice “tengo  este recurso, que lo voy a sacar de acá y lo voy a poner allá”, o “lo estoy usando para esto y ahora lo voy a usar para esto otro”. Lo digo así, caricaturescamente, para resaltar algo bastante obvio: que si el objetivo es transformar prácticas instituídas, se trata de interpelar sujetos y no de cambiar objetos de lugar o de tarea. Y no es tan obvia la complejidad que entraña este desafío, y de eso daba cuenta lo que contaba el “Nono” Frondizi hace un ratito nomás.
En aquel momento el punto de partida de la capacitación fue que había un programa, pero que era un programa sin sujeto, esta fue una primera cuestión que nos planteamos con mucha convicción. Si este programa es un programa sin sujeto, este programa es un esqueleto que no tiene musculatura, no tiene cerebro, y esto hay que armarlo con los compañeros, hay que armarlo con aquellas personas convocadas en su deseo de sumarse a esta empresa, y desde allí se construirá la materialidad del programa, ese instrumento de transformación al cual se quiere arribar.
Entonces no se trata de reconvertir recursos sino de interpelar sujetos y sus prácticas, y a partir de esa interpelación ir construyendo, irnos construyendo como sujetos de prácticas diferentes. Y quiero resaltar que esto vale tanto para repensar una modalidad de intervención clínica, como el modo de armar un presupuesto.
Ahora sí, entremos en lo que hoy nos ocupa: hay que decir que en ese sentido la implementación de la ley es francamente  incierta, porque legislar o decretar no es instituir. Hay una clara diferencia, una heterogeneidad fundamental entre el acto de legislar o decretar - que tiene determinados actores, determinados  escenarios, determinados textos, determinadas condiciones prácticas - y el acto  de instituir. El trabajo de instituir requiere de otros actores, de otras condiciones, supone otros escenarios.
Esta diferencia entre quienes decretan, legislan, y quienes sostienen los espacios prácticos de acción, suele quedar atrapada en una configuración imaginaria muy fuerte, condensada en dos palabras: “los gabinetes” o las oficinas  vs. “la trinchera”. ¿Quién de los que estamos acá y trabajamos  en alguna institución pública no hemos escuchado decir: “una cosa son los planes armados en una oficina, y otra cosa es la realidad de las trincheras”.
Yo quiero plantear que esta configuración imaginaria traza una suerte de caricatura que congela la escena en una confrontación absolutamente estéril, y que es imperioso, decisivo diluir esta figura.
Diluir esta figura plantea desafíos a cada uno de los polos de esta contradicción imaginaria: quienes tienen la responsabilidad de definir políticas en relación al sector, deben asumir que las instituciones y las prácticas que en ellas se despliegan, no toman mecánicamente la forma que la ley indica, y en este sentido hay que darles algo de razón a los que alegan – muchas veces de un modo falaz y perverso -que la ley “es inaplicable”. Quienes se han opuesto y se oponen a la ley, construyen desde allí un acto denegativo. Hay ley, pero aún así, no la hay. Pero se apoyan en unnúcleo de verdad, y es que no es posible tomar una ley, “aplicarla” sobre la realidad y pretender que la realidad tome la forma que la ley prescribe. Claro que estos impugnadores concluyen que la que no sirve es la ley, y no las prácticas instituidas y lo privilegios que quieren preservar. Pero lo que no puede eludirse es que hay que crear las condiciones para que aquello que la ley dice que hay que hacer pueda llevarse a cabo. Y esto es responsabilidad primera de todos los niveles de conducción. Y ahí, la pelota se la voy a dejar picando para que la tome Mario Róvere en unos minutos, porque hay algo que sí compete a los gabinetes y es la planificación estratégica. No se trata entonces de la “aplicación” de una ley, sino de la construcción de políticas que promuevan y habiliten modos de acción, abordajes y procesos de trabajo enmarcados en el espíritu y la letra de la ley. Construir aquello que va de la letra de la ley a la realidad material  del campo de trabajo.
Esto requiere no sólo construir políticas, sino asumir cierto liderazgo en su implementación. Los decisores políticos no pueden mandar una normativa y suponer que mágicamente esa normativa va a encarnar en actores que se van a poner la mochila al hombro. Algunos nos ponemos la mochila al hombro, la tenemos desde mucho antes; otros actores, como bien lo dejaba en claro Marcelo hace unos minutos, se opondrán ferozmente, y muchos mirarán el partido para ver para donde va la pelota y como se ubican, porque así son las cosas en la realidad concreta de las instituciones.
Entonces, en relación con quienes toman las decisiones políticas, se plantean dos desafíos: la planificación estratégica y la cuestión de asumir lugares de liderazgo, de ponerse a la cabeza, para promover un proceso de transformación y no simplemente enunciarlo.
A quienes estamos en eso que se ha dado en llamar “la trinchera”, cabe preguntarnos qué es lo que connota esa expresión. ¿Qué hay en una trinchera?  Hay ruido, hay humo, hay barro, hay miedo. Si hay algo que en la trinchera no se puede hacer, es reflexionar sobre cómo y por qué hacemos lo que hacemos, cómo es que terminamos trabajando en una trinchera, y si podríamos hacer algo distinto. El posicionamiento subjetivo del que está en la trinchera es esquivar los tiros, el posicionamiento subjetivo del que está en la trinchera es estar alerta por si viene el enemigo, el posicionamiento subjetivo del que está en la trinchera es rogar a cada minuto que no pase nada, porque todo lo que pasa nos pone en peligro. Y defender el territorio, ya que todo lo que viene de afuera, puede resultar una agresión. Ni qué decir de la expresión “estar de guardia”.
Aquí tenemos entonces otro desafío: Si no generamos condiciones para que en las Instituciones y los equipos haya el espacio para la reflexión, para la critica, para el intercambio de ideas, la idea misma de equipo pierde sentido y es imposible que aquello que la ley se propone se torne práctica concreta.
Y ahí entra la idea de la capacitación, voy a plantear tres o cuatro cuestiones en relación a la capacitación:
La primera: ¿Cuales serian las premisas de un trabajo de capacitación dirigido a reorientar en el sentido de la ley las prácticas de las instituciones? Yo creo que la primer premisa de la capacitación es una premisa político-estratégica. ¿Por qué? Porque en la situación en la cual estamos todo proceso de capacitación debe partir de instalar una pregunta, y la pregunta que hay que instalar es: ¿qué distancia nos separa de lo que la ley indica? ¿Con qué contamos y cómo podemos empezar a recorrer el camino entre la situación en que hoy estamos y aquello que la ley plantea como horizonte en relación a las prácticas de salud mental?  Y creo que esto hay que hacerlo en cada jurisdicción, en cada ámbito, en cada institución. Y plantearse esa pregunta es una posición politico-estrategica.
Paso al segundo punto: "agenda de la capacitación”. La agenda de la capacitación debiera conformarse en relación a preguntas complementarias a la anterior, es decir: ¿qué necesitamos como soportes clínicos, soportes organizacionales o soportes técnicos para recorrer ese camino? Y con eso estoy diciendo lo que la agenda de la capacitación suele ser, que es lo que no debe ser: La agenda de la capacitación no debe seguir la agenda de los laboratorios; la agenda de la capacitación no debe seguir las preocupaciones de las escuelas.
La agenda de la capacitación debe recorrer esto que tanto se viene diciendo, a veces con cierta ligereza: que se trata de un "cambio de paradigma". Por supuesto que se trata de un cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma no va a resolverse en el plano epistemológico: el cambio de paradigma se sostiene desde un cambio de posicionamiento político, clínico e ideológico, creo que ahí es donde se resuelve el cambio de paradigma; es decir que se resuelve de cara a interrogarse sobre el sentido de la tarea compartida.
¿Cuál debería ser el despliegue de una tarea de capacitación? Opino que el despliegue de la capacitación debe poner a las instituciones en movimiento, y esto implica a su vez democratizar las relaciones al interior de las instituciones del sistema de salud.
En aquel momento, los compañeros que armamos el dispositivo de capacitación del PREA ensayamos un diagnostico de situación, y detectamos dos cuestiones a las que en ese momento denominamos "los anclajes subjetivos del manicomio".
Y esos anclajes subjetivos eran básicamente dos: el aislamiento y el sometimiento; padecidos tanto por los pacientes como por los trabajadores. La situación de autoritarismo y de aislamiento que impregnan la práctica manicomial, atraviesa a cada uno de los actores. En este sentido, la democratización de las prácticas es un requisito para que la ley de salud mental encarne en las instituciones realmente existentes. Hay que saber que democratizar las relaciones al interior de las instituciones no va a implicar - y Marcelo lo ha planteado con absoluta claridad - una dulce marcha tomaditos de la mano hacia un nuevo paradigma. Entrar en estado de polémica y discusión, va a implicar necesariamente confrontar, va a implicar necesariamente poner en juego las tensiones al interior de cada una de las instituciones y, diría más, al interior de cada uno de los trabajadores, entre las distintas posibilidades o imposibilidades con las que cada uno se encuentre.
La cuarta cuestión es pensar la capacitación como capitalización de la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la capacitación debería permitir el despliegue de las fuerzas productivas del deseo y la inteligencia de los trabajadores, de todos los trabajadores. En este sentido la posibilidad de encarnar proyectos con sentido colectivo es lo que debería habilitar ese despliegue, que permita construir las herramientas necesarias en el plano de la clínica, en el plano de los procesos de trabajo de todos los niveles. Y en este sentido, y voy terminando con esto, digo que la ley no debería ser percibida como algo que viene de afuera a modificar un instituido siempre igual a sí mismo. En nuestro país la experiencia de los trabajadores de todos los niveles en el campo de la salud mental y en el campo de salud en general es riquísima. Hay una cantidad de respuestas generadas en resistencia a las condiciones habituales de trabajo, hay creatividad entrenada en respirar entre las grietas y en subsistir en las peores condiciones.
Esta larga sabiduría de atar las cosas con alambre, ha ido cincelando una cultura y un clima de la resistencia, de resistencia en defensa de la vida, de la salud, de la alegría; y en general lo ha hecho en marcos legales e institucionales adversos o ausentes. Y hay mucha dificultad para capitalizar esta experiencia y hacer de ella un soporte privilegiado de una política de salud.
Me parece que este momento que estamos viviendo tiene el raro desafío de poder elevar a Política de Salud mucho de eso que venimos haciendo. Porque ahora la ley dice que eso es, exactamente, lo que tenemos que hacer.
Gracias


Mario Róvere

Muy buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación por este rol de estar ultimo que supone al mismo tiempo recoger mucho material que ya fue dicho; porque me parece que el encargo de pensar el tema de lo estratégico por algo se reservó para el final de la mesa. Sin embargo me parece que todas las intervenciones ya vienen analizando esta dimensión, si acaso llamamos estratégico  aquel recorrido que va desde que las cosas son deseadas hasta que efectivamente se concretan.
A mí me parece que se pueden añadir algunas precisiones sobre el tema desde lo internacional, porque somos bastante susceptibles sobre el origen internacional de algunas cosas, pero casi nunca analizamos cuales son los organismos internacionales y cuáles son las agencias internacionales; y entonces cuando tenemos alguna duda y cuando no nos gusta que la CIDH diga tal cosa, al mismo tiempo tenemos al Banco Mundial y al BID directamente en el tablero de control del Ministerio de Salud y eso no  parece preocupar a nadie.
 Entonces, desde ese punto de vista a mi me parece que hay un antecedente internacional importante que hay que tener en cuenta porque además tiene que ver con un compañero argentino, el doctor Levav, que en algún momento identificó con mucho acierto el tema del rol muy particular de la CIDH, un organismo que tiene la capacidad delegada de incidir sobre los gobiernos, porque los gobiernos le han dado esa facultad, un organismo que no existe en otras Regiones de planeta, existe específicamente en las Américas.
A partir de la interacción con los abogados de la CIDH y la tremenda habilidad del doctor Levav en saltar las fronteras, en construir puentes e interactuar en otros sectores y con otras profesiones, empezó a identificar fundamentalmente el problema de las características particulares que tiene el derecho, cuando el derecho se mete adentro de las instituciones psiquiátricas.
Y a partir de ahí la CIDH y la OPS, que en ese momento estaba representada por el doctor Levav en un pequeñísimo programa casi sin presupuesto -el programa de Salud Mental era en buena medida él mismo- consigue un dispositivo tremendamente interesante donde de alguna manera empieza a aparecer un antecedente a partir del cual las barbaridades que suceden adentro de las instituciones de salud mental podían ser llevadas - incluso antes de la lógica más general de derechos humanos - ante tribunales nacionales e internacionales en el marco del derecho civil y del derecho penal.
 Es decir, se cometen delitos adentro de las instituciones de salud y la CIDH tiene la potestad de intervenir en nuestros países en base a convenios ratificados por el Congreso de la Nación en dos circunstancias muy particulares: una, cuando es muy clara la urgencia de probada indefensión de los pacientes, y dos, cuando la justicia nacional ha sido desbordada, funcionando como un tribunal de apelación una vez que la justicia nacional no ha operado.[1]
Como parte de la crisis del 2001 al 2003, pasó como desapercibido este mecanismo, pero el Ministerio de Salud de la Argentina ya puso debajo de la alfombra que la CIDH en realidad evaluó e intimó al sistema argentino por los psiquiátricos que están en manos de la Nación; que vale la pena señalar que todavía no han levantado las objeciones y no han levantado completamente la intimación que la CIDH le hace al gobierno argentino en relación a  cosas que se encontraron en aquellas época con el extremo de encontrar pacientes desnudos adentro de cárceles internas de los institutos, etc., etc.
Es decir, la secuencia de horrores que puede pensarse en América Latina en relación a lo que en otros momentos se pensaba, imagínense ustedes "manicomios en Paraguay", digamos, para decirlo de alguna manera, Argentina no salía bien rankeada tampoco en relación al tema de derechos de los pacientes en instituciones manicomiales, incluso en instituciones manicomiales en manos del gobierno nacional.
Entonces evidentemente se ha ido constituyendo una jurisprudencia importante en América latina que genera un importante punto de vista que esta ley internaliza, a nivel de legislación argentina, una parte de la experiencia que permitió todo un trabajo para empezar a poner cierta luz adentro del mundo de las instituciones manicomiales en toda América latina.
Y en ese sentido, me parece a mí que la ley, es interesante preguntarse, porque lo primero que alguien podría plantearse en el tema de planificación estratégica es, "la planificación estratégica es una herramienta muy interesante fundamentalmente si uno sabe que es lo que uno quiere lograr"; pero la pregunta que uno podría plantearse en este caso es qué queremos lograr, porque el discurso del campo de la salud mental está impregnado con una especie de imaginario al mismo tiempo utópico, al mismo tiempo deseable, que trabaja y circula fundamentalmente alrededor del concepto de desmanicomializacion. Y en buena medida uno podría preguntarse si esta es una ley de desmanicomialización o cómo se relaciona esta ley con la desmanicomializacion; y claro, esta no es una ley de desmanicomializacion en el sentido estricto de la palabra, y como señalaba muy bien el "Nono", señalaba exactamente el problema de saber si tiene como caballo de Troya a la desmanicomializacion, o no lo tiene, o de qué manera opera.
A mí me parece que el tema institucional es un tema importante, hay palabras que uno no puede poner juntas exactamente, o porque son contradictorias o porque son redundantes; una de ellas es “inteligencia militar”, otra que suele circular con sorna es “izquierda unida”, son palabras que no conviene ponerlas juntas porque produce un cierto efecto paradojal o contradictorio.
Pero también hay un factor de redundancia cuando uno habla de “violencia institucional”, y es redundante porque las instituciones son violentas, no hace falta hablar de violencia institucional, las instituciones son en sí mismas organizadas a partir de cierto grado de represión y a partir de cierto grado de violencia que se extrema cuando hay grandes simetrías internas y externas en términos de relaciones de poder.
En ese sentido, a mí me parece que la ley llega en un momento estratégico, pero que al mismo tiempo la ley señala implícitamente que estamos en un punto intermedio, quizá en una estación intermedia, en un nuevo estandar de las políticas de salud mental, pero que al mismo tiempo constituye un objetivo deseable y puede resultar un logro insuficiente vinculado con la discusión de lo que sería una política de salud mental para el país, en tanto plantea fundamentalmente el tema de los derechos humanos de los pacientes internados o afectados en algunos otros dispositivos terapéuticos de los que se sospeche que pueden violar los derechos humanos.
Además de muchas otras cosas que yo claramente  colocaría en el campo del haber  en relación al tema de  los equipos de salud, podríamos enfatizar  que se trata de una ley de democratización, y es una ley de democratización porque apunta, correctamente en mi opinión,  a señalar que los reservorios del autoritarismo en nuestro país son justamente las instituciones. No por nada, cuando se habla de golpe, se habla de “golpe institucional”, por ahí es exactamente donde el autoritarismo, donde el fascismo se arrincona, se reproduce, se queda esperando su próxima oportunidad de aprovechar condiciones que justamente tienen que ver con algo que se mencionó reiteradamente en relación a las metáforas institucionales de “las trincheras”, fundamentalmente asociadas al tema de las crisis.
Porque las crisis son legitimadoras de altas concentraciones de poder, y cuando nosotros apelamos a términos y dispositivos de origen militar (estrategia también lo es) para entender las instituciones y para pensar usamos la metáfora de la trinchera, lo que estamos diciendo es que la trinchera es literal y que la amenaza exterior legitima nuestro propio autoritarismo institucional.
Nuestro autoritarismo es funcional, siempre legitimado por sus fines, para decirlo en términos bélicos. Yo maltrato, estaqueo a mis soldados en defensa propia. No hace falta mencionar que me estoy refiriendo a un terrible episodio de la historia argentina.
Desde ese punto de vista a mi me parece que la Argentina se enfrenta a la presencia de una ley que parecía que no quería nacer, a pesar de que, cómo fue señalado acá muy bien, la ley tiene efectos aún antes de ser reglamentada, es decir no hacía falta la reglamentación para que la ley tuviera efectos.
Claro que quien no quiere aplicar la ley puede refugiarse en que no hay reglamentación para imaginar que no tiene efectos. Y desde ese punto de vista a me parece muy interesante analizar lo que se produjo en el hospital Borda este año. Porque para mí es uno de los hechos más graves de agresión a la salud pública en la historia de los periodos democráticos de la Argentina.
Es decir, un verdadero "episodio de dictadura" en democracia. Pero me parece al mismo tiempo que faltó lectura vinculada a la naturaleza de ese hecho, que tuvo que ver con alguna mesa que compartimos en la legislatura con algunos compañeros que estamos acá, vinculado con el orden de prelación de los afectados por esa represión, y que tiene que ver con la idea de que lo más grave que sucedió en el momento de la represión fue haber, casi como una especie de error, haber golpeado periodistas. Lo único sobre lo que se pidió disculpas.
Una vez que se ha golpeado periodistas, venia el segundo hecho de gravedad  que es haber golpeado personal de salud, profesionales de salud, médicos, trabajadores de salud, y finalmente, como un pie de página, un paciente en internación involuntaria con 21 balas de goma en su cuerpo de la cintura para arriba. Casi una anécdota
Pero si uno se para en la lógica de la ley, cuyos efectos son previos a ser reglamentada y cuyos efectos inclusive son en parte innecesarios porque la Argentina ya está obligada por el cumplimiento de los pactos internacionales que ha refrendado, entonces lo más grave que paso en la Argentina son las 21 balas de goma en el cuerpo de un paciente que las recibe de quien debía custodiarlo y que además, no consta que quería estar internado.
Por ese hecho, y volviendo a la normativa de la CIDH, nosotros deberíamos estar en la CIDH; y no estamos en la CIDH en buena medida, porque una serie de elementos vinculados a la lectura de ese hecho nos llevaría incluso a leer si verdaderamente a pesar de las obvias responsabilidades primarias ese hecho queda exclusivamente en la esfera de la ciudad.
Esta, es en buena medida una lectura posible, porque si la CIDH hubiera operado, intervenido frente a este hecho -y créanme que existen todos los elementos, y que los elementos no están dados solamente por la abundante crónica y documentación video y fotográfica de los hechos que ocurrieron, sino agregaría, está principalmente dado por las declaraciones que el director del hospital le da al diario Tiempo Argentino, a dos días de los hechos, es decir cuando 48 horas después declara no haber sido avisado de la acción policial programada y luego no haber recibido la llamada telefónica de ningún funcionario del Ministerio de Salud de la ciudad.
Esto significa literalmente la indefensión absoluta de los pacientes, esto significa literalmente que pacientes que han sido afectados son doblemente afectados, porque han sido afectados exactamente por aquel que debía protegerlos.
Es decir, se reproduce la misma perversidad del terrorismo de estado, que es terrorismo, pero además es de estado, porque la misma cabeza que ordenó la represión es la cabeza que tiene la función de proteger a los pacientes que están a su custodia.
Pero si la CIDH hubiera operado, hubiera necesariamente intimado al gobierno nacional, porque la CIDH no puede intimar al gobierno de la CABA. Y entonces estaríamos frente a una nueva discusión sobre quién es el responsable de la salud en este país, una discusión que aquí mismo tuvimos cuando empezamos a discutir por qué era necesaria la reforma de la constitución, más allá de las discusiones y repercusiones electoralistas que pudiera traer este tema, porque es imprescindible discutir en este país donde está la responsabilidad del estado.
Por ello también interpreto que no es casual que la reglamentación de esta ley fuera a provenir principalmente de la jefatura de gabinete, y que además, la instancia que la reglamentación prevé para coordinar los esfuerzos de política pública que la ley obliga, este rol se defina en la jefatura de gabinete.
Esto representa en buena medida un hecho novedoso, decir que quien de alguna manera se pregunte donde está la cabeza ejecutiva de esta ley, la cabeza ejecutiva de esta ley no está en el Ministerio de Salud, la cabeza ejecutiva de esta ley está en la jefatura de gabinete.
Si se quiere, un verdadero “upgrade”  para la salud mental en la argentina, que tiene una nueva instancia desde donde puede discutirse el tema de la salud mental, habida cuenta que parece que desde las políticas de salud mental y de las instancias ministeriales donde esto debería discutirse, no surgió la reglamentación y además tampoco se han solucionado todos los elementos que la CIDH había mencionado respecto a los institutos que están en control de la nación.
Entonces el hecho del Borda es absolutamente revelador y al mismo tiempo la reglamentación de la ley aparece como un bálsamo, en el momento en que la sensación generalizada de la sociedad era de indefensión, de tal manera que cae en un momento estratégico, podríamos decir así: la reglamentación de la ley, opera en este sentido, no se aplica el principio de que la reglamentación tiene efectos retroactivos porque ya la ley tenia efectos sobre el hecho del Borda y puede ser aplicada y además de eso, la reglamentación firmada por convenio internacional por la Argentina en el marco de la OEA, también obliga a las instituciones a hacer lo que deben hacer.
Pero a mí me gustaría también reflexionar exactamente sobre si esta es una ley de desmanicomializacion o no, a mi me gustaría señalar y lo señalo casi por el absurdo que es legítimo dudar que el gobierno de la ciudad tenga intenciones de desmanicomializar, tal vez puede tener intenciones de privatizar los manicomios, puede tener intenciones de crear instituciones sustitutivas de las instituciones públicas como ya está haciendo en muchas instituciones conectadas con el Tobar García, pero me parece que resulta importante considerar que hay un aspecto lateral o tangencial y que me parece que no tiene que ver solo con las operaciones inmobiliarias de  un centro cívico, sino mas bien sobre qué es exactamente lo que amenaza a un partido de empresarios en el ejercicio del gobierno.
Y me parece muy  interesante conectar hechos que no están claramente conectados en nuestro análisis político. Uno de ellos es el veto a los talleres protegidos, a la producción pública de medicamentos de la ciudad y el hecho de haber atacado selectivamente justamente aquellos hechos que como  el Nono señalaba con precisión - cooperativas, empresas recuperadas, empresas sociales, talleres protegidos, manteros, ambulantes - todo eso amenaza a un partido de empresarios que usan para esto la fuerza de choque de la metropolitana.    
Hoy el Borda es también un dispositivo de desmanicomialinizacion  y esto es una confusión muy fuerte que yo particularmente mencioné en ese momento y lo señalé  posteriormente en una reunión en la Facultad de Psicología cuando frente  al momento de señalar la gravedad de los hechos ocurridos en el Borda algunos alumnos reflexionaban de tal manera que parecía que el gobierno de la ciudad era innovador en el campo de las políticas de salud mental porque venía a desmanicomializar, como si la fuerza de la desmanicomializacion de esta ciudad fuese la policía metropolitana.
Entonces resulta imprescindible empezar a crear ciertos mecanismos de reflexión justamente sobre esta especie de caricatura que a veces tenemos en el campo de la salud pública en general de la que la salud mental no es ajena, y que me parece que señala en algunos momentos claves el tema de saber cómo se engancha una cosa con la otra y yo quiero señalar que a mí me parece que la ley no desmanicomializa pero la ley hace menos redituable a los autoritarios trabajar en estas instituciones.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros participamos, como señalaba Alicia, de ciertos procesos orientados fundamentalmente a la democratización de la educación, una de las cosas que percibimos es que los profesores autoritarios sienten que ya no es redituable ser profesor en una institución donde los alumnos tienen derechos, donde el sistema de evaluación es controlado y donde no se puede ejercer el autoritarismo en las aulas y en este sentido me parece que probablemente - y uso a propósito la palabra redituable porque me parece que circula simultáneamente igual en las instituciones  públicas como en la privadas - en las públicas no será redituable en el sentido económico pero sí hay otras plusvalías, hay otras ganancias y hay otros valores en ser parte de instituciones autoritarias, y lo saben muy bien todos aquellos que trabajan en aquellos fragmentos racionales de las instituciones, que ya están de alguna manera desmanicomializando. Ellos saben muy bien quiénes son estos otros, que de ninguna manera quieren exactamente que una democratización ocurra.
Me gustaría  señalar, además, que este sector, nuestro sector, el sector salud, tiene un tratamiento muy particular sobre el concepto leyes. Las leyes no se debaten, las leyes se acatan, porque me parece que existe un desconocimiento intencional de la fuente de legitimidad de las leyes. Claro que puede haber desobediencia civil frente a leyes injustas, puede haber incluso apelaciones, ¿será que los dueños de “sanatorios” se organiza para apelar esta ley, llamarán a Magneto para que les ayude a conseguir una cautelar, para que la ley sea declarada inconstitucional? Probablemente no.
Nosotros creamos y creemos en la ficción de que el desconocimiento de la ley nos hace inmunes a la ley  y este es un sector que está permanentemente pretendiendo autonomía frente a la ley, aduciendo desconocimiento frente a la ley, desprecio frente a la ley, incluso bajo la lógica de que la ley automáticamente está vinculada con la justicia, con los abogados, y como tenemos satanizada la judicialización de la salud la ley es “eso” desconocido que nos amenaza.
La  ley la producen los representantes legítimos del pueblo que se reúnen en el Congreso, que pueden ser de cualquier profesión y pueden ser también de ninguna profesión, y me parece que esta es la dimensión que se nos escapa.
Me parece que es  clave entender esto porque efectivamente la ley no tiene efectos inmediatos pero la ley es instituyente, es una ley instituyente que viene  a  desestructurar un orden instituido.
Nosotros tenemos que reflexionar si somos los que vamos a acelerar el efecto instituyente de la ley o los que la vamos a retrasar, ese es exactamente el rol. Podríamos decirlo así: nos vamos a poner en obstaculizadores de la ley o nos ponemos como sus agentes, claramente en el rol de facilitadores, de aceleradores del rol instituyente de la ley, y esa es la posición que de alguna manera debe esclarecerse
Lo que no está en debate es la ley misma porque la ley es el único instrumento que tiene la capacidad de coartar al ciudadano legítimamente. Hemos vivido momentos importantes en la misma construcción de la ley, primero era que la ley no iba a salir, después que salió era que no se iba a reglamentar y ahora que está reglamentada no faltará quien diga “no se va a cumplir”, “no la van a acatar”, “no se puede aplicar”.
Quizás el tema es otro y es que quienes estamos de acuerdo con esta ley no sabemos exactamente como utilizarla, como transformarnos en actores para que salga de la letra y se transforme en realidades.
La ley lleva implícito el poder del Estado pero también hay otras microfísicas de poder, hay coacciones ilegitimas, por ejemplo las que aprovechan las crisis.
Porque los autoritarios aman las crisis, cuando las hay las aprovechan y cuando no las hay las crean.
Por ello no es casual que en Salud Mental no se habiliten dispositivos de contención de crisis y se utilicen sus fantasmas para justificar internaciones prolongadas, utilizando luego las crisis como legitimación de autoritarismos institucionales absolutamente innecesarios para su efecto terapéutico.
Yo cierro con una experiencia que es una coincidencia porque en el día de ayer estuve en la ciudad de Córdoba, casi discutiendo lo mismo frente a un hecho institucional-policial: el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, moderno, el nuevo hospital de niños de la Ciudad de Córdoba, internó un paciente de 13 años  quebrado, con una fractura, que estuvo esposado a la cama durante 4 días.
Resulta que desde el punto de vista del protocolo de la atención de violencia, cuando cualquier paciente de cualquier edad - pediátrico obviamente - llega golpeado al hospital se debe dar parte a la policía porque se sospecha  que la violencia haya sido generada intencionalmente en el marco familiar.
Cualquier mujer pobre que lleva a un chico con un hematoma  a ese hospital inmediatamente sería demandada ante la justicia con presteza, con rapidez.
Esta vez no ocurrió y esta vez no ocurrió porque el chico fue traído  por la policía y fue traído por la policía en un proceso irregular, internado en un instituto donde no debía estar internado a partir de una connivencia entre psiquiatras de ese instituto y el juez que, sabiendo que no podía imputar al menor por ningún tipo de delito por la edad que tenia,  de todas maneras acordó con los psiquiatras locales  que era bueno para el niño quedar internado porque “no respondía bien al tratamiento”. Seis  meses estuvo internado sin ningún tipo de proceso porque no había ninguna forma de procesarlo. En la desesperación de los golpes que fue recibiendo, este chico se escapa, sube a un alambrado, se cae del alambrado, la policía lo agarra  y durante todo ese proceso se fractura un brazo.
La discusión que se estaba dando en ese caso me permitió exactamente decir en ese momento lo que digo ahora: todo el mundo hablaba de la ley  como si la ley fuera una recomendación, como si fuera una recomendación técnica de la OPS o la OMS, “le sugiero tenga a bien, si no tiene a mal que cumpla la ley” y la ley es absolutamente taxativa; además en el caso especifico de los derechos del niño instalada, incrustada, en la ley de leyes que es la Constitución desde el año 1994.
Es decir ningún trabajador de salud de ese Instituto detectó, se paró y reflexionó “uh, estamos fuera de la ley” “esto que estamos haciendo es un delito”.
Nadie, ninguno de nosotros quiere estar fuera de la ley, pero quien incumpla esta ley, está fuera de la ley y agregaría quienes observen hechos que la violen y no lo denuncien serán cómplices.
Como tantos aquí hemos sido proactivos para que se dicte y para que se reglamente, seamos protagonistas para que se cumpla. 







1.       Para ver los Principios para la protección de los enfermos mentales resolución OEA 46/119 1991 http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/principiosproteccionmental.htm